CECOT cumple tres años como símbolo del "modelo Bukele". La evidencia causal confirma que la política ha reducido la violencia de forma real y enorme. Pero las cifras oficiales están maquilladas, el efecto es selectivo y el precio es un estado de excepción que ya no tiene fecha de caducidad.
El 31 de enero de 2023 El Salvador inauguró en Tecoluca el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT): 40.000 plazas, la cárcel más grande de América Latina, con celdas de ~156 reclusos y unos 0,6 m² de espacio por persona. Detrás estaba el régimen de excepción declarado en marzo de 2022 —suspendiendo derechos constitucionales y prorrogado más de 28 veces— y la detención masiva de unas 91.000 personas. La población carcelaria pasó de 40.000 a 100.000 en un año: El Salvador es hoy el país más encarcelado del planeta, con un 1,6% de su población entre rejas (cuatro veces la tasa de EE.UU.).
La pregunta que importa: ¿ha funcionado?
Los datos brutos son espectaculares: de 105 homicidios por 100.000 habitantes en 2015 a 18 en 2021, 2,4 en 2023 y 1,3 en 2025 (82 muertes en todo el año, el mínimo jamás registrado).
| Año | Homicidios / 100k | Nota |
|---|---|---|
| 2015 | ~105 | El más violento del mundo |
| 2019 | ~36 | Llega Bukele |
| 2021 | ~18 | Negociaciones secretas con pandillas |
| 2022 | ~7,8 | Marzo: régimen de excepción |
| 2023 | 2,4 | Abre CECOT · tasa real estimada: 4,5 |
| 2025 | 1,3 | 82 muertes, mínimo histórico oficial |
La caída podría achacarse a la tendencia o a la manipulación estadística. Para descartarlo, un estudio del Tec de Monterrey (junio de 2026) construyó un El Salvador sintético combinando Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Resultado: el régimen de excepción redujo los homicidios un 80% respecto al contrafactual (un 48% con estimación alternativa). Las detenciones masivas explican alrededor de la mitad de la caída. El efecto en otros delitos es revelador: el robo callejero bajó un 29%, pero agresiones, robos de vehículos y hurtos apenas se movieron. Es incapacitación selectiva de pandilleros, no disuasión general del delito.
Tres salvedades serias:
1. Las cifras oficiales están infladas a la baja. Desde 2021 el gobierno excluye de su cómputo los cuerpos hallados en fosas clandestinas (171 fosas entre 2021 y 2023), las muertes en enfrentamientos con la policía (122 desde 2022, sumarlas subiría la tasa un 19-20%) y los homicidios dentro de las cárceles (91 asesinados en dos años: hoy la primera causa de muerte penitenciaria). Un análisis de Foreign Policy estima un subregistro medio del 27% desde 2021 y del 47% en 2023: la tasa real sería ~4,5, no 2,4. Baja igualmente, pero El Salvador no es "el país más seguro del hemisferio".
2. El coste en derechos es enorme y documentado. Human Rights Watch, la CIDH y organizaciones locales reportan detenciones arbitrarias (unas 8.000 personas liberadas tras revisión por no tener vínculo pandillero), juicios masivos sin garantías, torturas y 473 muertes bajo custodia solo en 2025 según Socorro Jurídico Humanitario. El ministro de Justicia ha dicho que los presos "nunca volverán a sus comunidades". El estado de excepción temporal se ha vuelto permanente, y líderes de Honduras y Ecuador ya imitan el modelo.
3. El efecto es frágil y poco exportable. La mitad de la caída depende de mantener a decenas de miles encarcelados indefinidamente. Las pandillas salvadoreñas eran bandas territoriales de extorsión, no cárteles transnacionales como los de Ecuador o Haití: replicar el modelo ahí es, en palabras del politólogo José Miguel Cruz, "una fantasía". Y el milagro tampoco llega a la economía ni a la migración: en tres años se detuvo a más salvadoreños en la frontera de EE.UU. que en cualquier periodo comparable de las últimas dos décadas.
Sí, ha afectado — en lo que prometió. La evidencia causal independiente confirma que la violencia letal cayó de forma drástica y real, no solo en los titulares: entre un 48% y un 80% según el método, la mayor reducción de homicidios registrada en un país en paz. No, si se mira el conjunto: las cifras oficiales maquillan parte de la violencia restante, el "éxito" descansa sobre una emergencia carcelaria sin fecha de fin con violaciones graves de derechos humanos, y no funciona como política general contra el delito ni como modelo exportable. Es menos un milagro de seguridad que una transacción: los salvadoreños cambiaron libertad por calles tranquilas — y con un 84-92% de aprobación, la mayoría lo celebra.