Ceuta: 80.000 entradas y la versión marroquí

Qué pasó el 30 de julio

La cadena fue exacta. El 8 de julio el Tribunal Supremo dictó que las «devoluciones en caliente» no se pueden aplicar a quien entra a nado: la ley solo cuenta vallas y barreras físicas, y el agua no lo es. La sentencia se viralizó deformada («frontera abierta»), las mafias la amplificaron, y el 30 de julio era la Fiesta del Trono en Marruecos: las fuerzas auxiliares marroquíes se retiraron del espigón del Tarajal. Entraron hasta 5.200 personas por hora; a las 20:00 ya había entre 45.000 y 55.000 dentro, según el Estado Mayor de la Defensa.

La versión oficial de Marruecos

Rabat tardó tres días en hablar, y solo lo hizo una vez: un comunicado del Ministerio del Interior el 2 de agosto. Ni el rey, ni el jefe de Gobierno, ni el ministro de Exteriores Nasser Bourita han dicho una palabra pública sobre la crisis en todo el mes. El patrón es el mismo que en la crisis de 2022: silencio calculado.

El comunicado achaca todo a las mafias de trata y a la desinformación en redes, más un «malentendido» con la sentencia del Supremo que «reforzó la convicción de que era posible evitar el retorno inmediato». Defiende su actuación como «inmaculada desde el principio» y da sus propias cifras: 40.000 entrados (la mitad que España), 11 muertos en su territorio, 1.135 frenados camino de Melilla. Y cierra con su demanda de siempre: «responsabilidad compartida, solidaridad auténtica y reparto equitativo de la carga».

Lo que dijo Ouahbi — la voz que sí habló

El único ministro que ha hablado es Abdellatif Ouahbi, de Justicia, hombre cercano al rey —y siempre, según la prensa marroquí, «siguiendo instrucciones de más arriba»—. Su línea fue escalando durante agosto:

• 11 agoCulpa a España: la regularización extraordinaria del 14 de abril y la sentencia del Supremo («la gota que colmó el vaso»). «La migración tiene sus canales oficiales, no esta manera aleatoria.»
• 11 agoExige la devolución de todos los menores marroquíes que entraron en Ceuta.
• 21 agoEn 2M: reivindica los «derechos históricos y geográficos» sobre Ceuta y Melilla. «No es posible guardar silencio.»
• 22 agoCondiciona aceptar los cadáveres a recibir los informes forenses y los menores: «Nosotros no separamos entre vivos y muertos». Añade que España «debe probar que son marroquíes».
• 25 ago«La cuestión de Ceuta y Melilla seguirá siendo un tema de diálogo, y mantendremos nuestro derecho histórico y geográfico.»

«Si van a regularizar la situación de todos los que llegan o que solicitan asilo, entonces es mejor que nosotros no impidamos que nadie pase en Marruecos.» Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia, Asharq News, 11 ago 2026

La frase resume su tesis: no tiene sentido que Marruecos frene la salida si España regulariza la llegada. El argumento usa desinformación —quienes entraron en Ceuta no podían acogerse a esa regularización, cuyo plazo acabó el 30 de junio— pero marca el tono: para Rabat, el problema lo creó la política migratoria española.

La queja en privado: «el juez desactivó la disuasión»

Fuentes diplomáticas marroquíes sostienen que avisaron a España días antes de que la sentencia debilitaba el principal elemento disuasorio. Su frase: «El 8 de julio un juez español desactivó el elemento disuasorio». Niegan cualquier relajación en la frontera y rematan: «Si tienes a 40.000 personas, ¿cuántos agentes harían falta?». Reivindican su carga: unos 500 millones de euros al año en control fronterizo (la UE aporta unos 145 millones) y más de 160.000 intentos de entrada frustrados en dos años. Y niegan el chantaje: «Marruecos no actúa bajo presiones, chantajes ni contrapartidas».

Los menores: pide devoluciones, pero no contesta

El nudo real son los menores no acompañados: 1.478 registrados (más de 2.000 localizados en total) frente a una capacidad ordinaria de Ceuta de 29 plazas. El acuerdo hispano-marroquí de 2007 nunca se ha aplicado: ni una sola repatriación en casi dos décadas, según reconoció el propio Gobierno español. La ley española exige valoración individual de cada menor, y el Supremo condenó a España en 2024 por las devoluciones sin garantías de 2021.

Aquí la postura marroquí es doble: en público exige devolverlos «a todos»; en privado, la ministra Sira Rego denunció que Rabat no responde a 600 expedientes de repatriación de menores llegados antes de la crisis. Ouahbi también condicionó aceptar los cadáveres de los ahogados a recibir los informes forenses y los menores: «Nosotros no separamos entre vivos y muertos». Mientras tanto, 18 víctimas están enterradas en el cementerio musulmán de Ceuta, con tumbas numeradas a la espera de ser reclamadas.

La reivindicación que reapareció

Tres semanas después de la crisis, Ouahbi resucitó el dossier más sensible: los «derechos históricos y geográficos» sobre Ceuta y Melilla y la necesidad de un «diálogo» para una «solución definitiva». En la misma semana, el ministro de Asuntos Islámicos evocó en un acto religioso a sabios nacidos en Ceuta y una obra que llama a acabar con la «ocupación» de las ciudades. El Ministerio de Exteriores español rechazó formalmente cualquier planteamiento distinto: «Ceuta y Melilla son ciudades españolas», sin llegar a llamar a la embajadora marroquí. El País recordó que la reivindicación no tiene base jurídica ni apoyo de la ONU. La prensa marroquí (Le360) llamó a la ciudad «Sebta», a los migrantes «supervivientes», y culpó a España de su hambre y su sed.

Las dos contabilidades